El heredero de Esperanza Aguirre al
frente del Gobierno de Madrid parece haber hecho de su capa un sayo y, por boca
de su paladín de Presidencia, Justicia e Interior, ha manifestado que va a
incumplir el Estatuto de los Trabajadores, y dejar sin vigencia, el próximo 8 de
julio, el Convenio Colectivo de 30.000 empleadas y empleados públicos
madrileños.
El próximo 8 de julio se cumple el plazo de un año que la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, determina para que aquellos convenios colectivos que no hayan sido renovados pierdan vigencia. Sin embargo la Ley establece una salvaguarda para aquellos convenios que incluyen un pacto en contrario, es decir, aquellos en los que su articulado refleja que se prorroga hasta alcanzar un nuevo acuerdo.
El artículo 3 del Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, recoge explícitamente este acuerdo,
este pacto en contrario como dice la Ley: "Denunciado este Convenio y hasta
tanto se logre acuerdo expreso sobre otro nuevo, se prorrogará la totalidad de
su contenido".
A pesar de esta salvaguarda, el Consejero de
Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, ha manifestado que la intención
del Gobierno Regional es dejar sin efecto el Convenio desde el mismo día 8 de
julio. Esta decisión supone un nuevo ejercicio de difícil ingeniería política y
legal a la que tan acostumbrados nos tiene el Partido Popular en Madrid. Dice
apoyarse en una Ley para tomar una decisión que la misma ley impide adoptar.
El Convenio Colectivo se denunció el 31 de
diciembre de 2007. El personal Laboral autonómico lleva hoy 1995 días viendo
como el Gobierno Regional se niega a atender los sucesivos y constantes
requerimientos de las Organizaciones Sindicales para sentarse a negociar los
nuevos textos.
El heredero de Esperanza Aguirre al frente del
Gobierno Regional, parece creer que, cual Conde que recibe un feudo de su
antecesor, puede, desde su castillo de la Puerta del Sol, gobernar su territorio
como mejor le parezca para beneficio propio, de sus familiares y amigos. Pero,
frente a esta decisión, CCOO va a realizar todas las acciones que considere
adecuadas para garantizar los derechos del Personal Laboral que presta los
servicios públicos que la Administración Autónoma gestiona en beneficio de
ciudadanas y ciudadanos.
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